miércoles, 24 de abril de 2013

Mercosur: sobran palabras, faltan instituciones.

Por Ricardo López Göttig


Recorrieron el orbe, con la velocidad impresa por las redes sociales, los comentarios que hizo el presidente José Mujica sobre Néstor y Cristina Kirchner. Uno de los primeros temores que surgieron en la República Oriental del Uruguay fue que este episodio de desliz verbal provocará más distanciamiento entre ambos gobiernos.
La relación no fue buena durante las presidencias de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez por el conflicto que se despertó con la instalación de la pastera Botnia y el corte que hicieron los asambleístas de Gualeguaychú al puente internacional General San Martín, impidiendo el tránsito de personas y mercancías en esa importante vía de comunicación.
Si bien ese obstáculo se levantó, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue elevando nuevos muros, menos visibles, pero no menos avasallantes de derechos fundamentales, que entorpecen el desarrollo comercial: las barreras proteccionistas, los rígidos controles cambiarios a los ciudadanos argentinos y los impuestos al turismo en el exterior. Todo ello en el marco de un Mercosur que, debilitado por las inconsistencias internas, va languideciendo en camino hacia la extinción.
Si el Mercosur tuviera normas acatadas por todos e instituciones sólidas, los dichos del presidente Mujica no deberían alterar el normal desenvolvimiento en la fluidez del turismo y el comercio entre las dos naciones rioplatenses. Sería una simple nota de curiosidad periodística. Pero basta con la lectura del artículo 1° del Tratado de Asunción para poner en evidencia que, después de veintidós años, el Mercosur es una bella expresión de deseos lejos de cumplirse.
El Mercosur se ha manejado como una relación a veces cordial, otras veces tempestuosa, entre los presidentes de los países miembros. La Unión Europea, que reúne en un grado mucho más complejo y completo veintisiete países miembros, no tembló en sus cimientos cuando el entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi habló en términos denigrantes de la canciller alemana Angela Merkel en el 2011, porque esa comunidad política y económica tiene instituciones, normas y mecanismos que trascienden a los gobernantes de turno.
Los países sudamericanos han logrado transiciones pacíficas de dictaduras a Estados de Derecho, pero sólo unos pocos dieron pasos significativos para afianzar instituciones y políticas de largo plazo que no estén sometidas al vaivén de caprichos circunstanciales. La seguridad jurídica, que significa estabilidad y cumplimiento de las normas, crea una atmósfera propicia para el ahorro, la inversión y el crecimiento, y cuantas más garantías haya de su vigencia, más herramientas habrá para la paz y la prosperidad en la región. No obstante, esas instituciones no han logrado plasmarse en el Mercosur ni en ninguno de los otros intentos de integración latinoamericana, quedando en meras cumbres de presidentes y no en instituciones gobernadas por leyes.
América del Sur está necesitando más instituciones y menos palabras.

Artículo publicado en Infobae, miércoles 24 de abril del 2013.

viernes, 19 de abril de 2013

La radicalización del populismo, presión para la Corte.


Por Ricardo López Göttig
La presidenta Cristina Fernández ha abierto un nuevo frente de conflicto al impulsar un paquete de leyes bautizado de "democratización de la Justicia", que en el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura está claramente reñido con el texto de la Constitución en su artículo 114. El proyecto específico no sólo apunta a la politización manifiesta del Consejo, con la elección por voto popular de sus miembros, sino que además pone en jaque la independencia remanente del Poder Judicial y, en particular, a la Corte Suprema de Justicia. Es otro paso de la lógica populista que anima al kirchnerismo desde sus inicios: confrontar, desprestigiar, azuzar el enfrentamiento y derrumbar los límites institucionales al poder, desarmando el principio del equilibrio de poderes que anima al sistema republicano.
Y es que, a diferencia de la lógica de las democracias liberales, en donde impera el espíritu pluralista, el imperio de las leyes y la búsqueda de consensos en las cuestiones fundamentales, el populismo se alimenta de la polarización que va creando, tensando al máximo a la opinión pública en sectores irreconciliables. La función del Consejo de la Magistratura es despolitizar la selección de los jueces, buscando el equilibrio plurisectorial al establecer una composición con cuatro sectores: representantes de los legisladores nacionales, del Poder Ejecutivo, de los magistrados y abogados y del ámbito académico. El equilibrio es un factor esencial, ya que ningún sector debe predominar.
La elección directa en las urnas no sólo no está contemplada en la Constitución y le daría un inocultable barniz político partidario a este órgano, sino que además le quitaría el equilibrio necesario para la selección consensuada de magistrados irreprochables en su conducta y altamente calificados en su conocimiento de la ciencia jurídica.
¿Qué ocurriría si la Corte Suprema declarara inconstitucional esta reforma? Difícilmente el kirchnerismo, a través de sus voceros políticos y mediáticos, se abstendría de acusar al máximo tribunal de participar de una vasta conspiración desestabilizadora, procurando introducir un factor de presión fortísima a la decisión que los ministros deben tomar en su rol de control de la constitucionalidad de las leyes.
Con este nuevo frente de conflicto, se buscaría enlodar entonces a la Corte Suprema, sabiendo que los jueces sólo deben hablar a través de sus sentencias, evitando dar opiniones o discursos de tribuna.
En un año electoral difícil y desconcertante, en medio de señales de zozobra por desastres climáticos e incertidumbre económica, la presidenta impulsa un nuevo elemento disruptivo para profundizar la radicalización del populismo, debilitando las instituciones y la seguridad jurídica.
Publicado en el diario Río Negro, 17 de abril del 2013.